Los exmandatarios, que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas, instan a la OEA a que tome medidas para “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en El Salvador.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó duramente a los 21 expresidentes de Latinoamérica y España que solicitaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) que actúe para “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en el país centroamericano, ante la intención del mandatario salvadoreño de presentarse a la reelección presidencial.
“Una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos. Todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así”, escribió Bukele el jueves en su cuenta oficial de Twitter.
Los 21 exjefes de Estado y de Gobierno, todos del espectro ideológico de la derecha, forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que se describe a sí misma como un foro internacional no gubernamental “respetuoso del principio de la alternabilidad” que “observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos”.
Estos exmandatarios firmaron una declaración el 21 de septiembre dirigida a la Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA sobre el anuncio del presidente de El Salvador de presentar su candidatura a las elecciones generales de 2024 con el objetivo de ser reelegido como jefe de Estado.
Entre los firmantes se encuentran figuras como el expresidente de España José María Aznar, los exmandatarios de México Felipe Calderón y Vicente Fox, o el expresidente de Colombia Andrés Pastrana.
La declaración subraya que la candidatura de Bukele es contraria a la Constitución de la República de El Salvador, que prohíbe la reelección en un periodo consecutivo. Asimismo, sostiene que se trataría de “una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente su orden democrático”.
La posibilidad de que Bukele se postule para la reelección en un segundo mandato se abrió en septiembre del año pasado después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificara un criterio de interpretación del artículo 152 de la Constitución salvadoreña.
