SAN SALVADOR (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó el miércoles que se reabra el caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. El asesinato fue perpetrado por un comando del ejército salvadoreño durante la guerra civil hace más de tres décadas.
El 8 de septiembre de 2020, dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte establecieron que no debería de investigarse a los autores intelectuales de la matanza y decretaron el sobreseimiento definitivo. Después de conocer la resolución, en diciembre, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval por negarse a reabrir el caso, pero no se le había dado tramite.
El nuevo Fiscal General, Rodolfo Delgado, pidió en noviembre a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que anulara el fallo de la Sala de lo Penal y que ordenara la reapertura del caso. Delgado sostuvo que la resolución vulneraba la seguridad jurídica y el acceso a la verdad y la justicia, declarando la nulidad en el proceso contra los supuestos autores intelectuales, entre los que se señala al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el general René Emilio Ponce, ya fallecido, el general Juan Rafael Bustillo y el coronel Inocente Montano, este último ya fue condenado por un tribunal de España.
Al conocer la resolución de la Corte Suprema del miércoles, Delgado celebró la decisión en Twitter. “El caso será reabierto. Vamos a perseguir a los responsables, para lograr justicia ante estos viles asesinatos”, escribió.
Desde noviembre de 2017, después de que la Corte Suprema declara inconstitucional la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993 que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.
En marzo de 2019, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador le ordenó al Juzgado Tercero de Paz la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza, pero los abogados presentaron recursos para evitar el proceso llevando el caso hasta la Corte Suprema.
Los jesuitas insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, que se investigue la participación de los militares y del mismo expresidente Cristiani.
En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes y cinco soldados del batallón elite Atlácatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía promovida por Cristiani. Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
Benavides había sido favorecido y sobreseído con la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la misma que en julio de 2016 fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó a la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior sin éxito.
