Henry MORALES, EFE
El dueño de un diario de Guatemala que comenzó a ser juzgado este martes por supuesto lavado de dinero y podría ser condenado hasta a 20 años de prisión afirmó ser un “preso político”.
José Rubén Zamora, dueño de El Periódico y en prisión desde julio pasado, está acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y chantaje, cargos que él afirma que son una represalia por decenas de publicaciones sobre corrupción en el gobierno, en un caso que ha provocado críticas internacionales y denuncias de ataques a la libertad de expresión.
“Soy un preso político y he sido tratado como tal”, declaró Zamora a periodistas en el tribunal, que preside la jueza Oly González.
“Vamos a hacer la lucha”, aunque “soy escéptico de los resultados”, dijo más tarde Zamora a la AFP en el sótano del tribunal, al cierre de la primera audiencia. El juicio se reanudará el miércoles.
Según la acusación, Zamora está involucrado en una supuesta trama para blanquear 37.500 dólares que provendrían de un chantaje a empresarios para no publicar informaciones en su contra.
“Es totalmente falso de que se inventaron pruebas”, señaló el fiscal principal de la causa, Rafael Curruchiche, quien adelantó que unos 30 testigos y peritos van a declarar en el juicio, que puede prolongarse por semanas.
Sin embargo, gremios de la prensa y ONG internacionales exigen que se levanten los cargos contra Zamora, mientras Estados Unidos expresó su preocupación por los intentos de “criminalizar” la labor de los periodistas en Guatemala.
“Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad”, declaró hace unos días la presidenta de la ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, al cierre de una visita a Guatemala.
– Cruzada contra fiscales –
Tras levantarse la audiencia luego de seis horas, Zamora fue llevado de vuelta a la cárcel de la base militar Mariscal Zabala de la capital.
El comunicador de 66 años sostiene que el caso en su contra fue fabricado por el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras, lo que niegan el gobierno y la Fiscalía.
“El presidente (Giammattei) me quiere dejar sentenciado (…), voy a seguir declarándome inocente porque eso es lo que soy” y este juicio “es un ataque a la libertad de expresión”, indicó Zamora a la AFP.
El periodista declaró estar “sereno” y dispuesto a buscar su liberación en instancias internacionales si es condenado en este juicio.
El Código Procesal Penal guatemalteco impone por lavado de dinero condenas de entre seis y 20 años de cárcel inconmutables.
Zamora fue arrestado en medio de una ola de detenciones de exfiscales anticorrupción por orden de la Fiscalía guatemalteca, cuya titular está incluida por Washington desde 2021 en una lista de personas implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia en Centroamérica.
El Periódico ha recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.
La Fiscalía dice que tiene como pruebas escuchas telefónicas y el dinero en efectivo que Zamora habría entregado a un banquero, quien está procesado en otro caso y luego se convirtió en testigo contra el dueño del diario.
Hace dos semanas fueron detenidos dos abogados que defendieron al dueño de El Periódico en la fase previa al juicio, acusados por la Fiscalía de presentar una prueba falsa, y el jueves fue capturado por el mismo caso el periodista y empresario Juan Carlos Marroquín, primo de Zamora.
– “Ocho exiliados” –
El 28 de febrero, un juez ordenó abrir un segundo proceso contra Zamora, por supuestamente intentar frenar una investigación por lavado de dinero en 2021.
Además, el magistrado sugirió investigar a periodistas y columnistas del rotativo por supuesta obstrucción de la justicia, lo que llevó a ocho personas a marcharse del país, según Zamora.
“En el segundo caso con otro juez tenemos ocho personas en el exilio, incluyendo a la directora de El Periódico (Julia Corado), columnistas y mi hijo pequeño”, indicó Zamora a la AFP.
El anuncio del segundo juicio a Zamora llevó a Estados Unidos a expresar su “preocupación”.
“Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
Es “un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción”, señaló en Nueva York el director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Carlos Martínez de la Serna.
