Armados con fusiles, una docena de policías ingresan a una barriada en la ladera de un cerro de la capital de Honduras en busca de pandilleros, en un operativo similar a las redadas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Los uniformados suben por empinadas gradas de concreto sobre la ladera de la colonia Divanna, de más de 500 metros de elevación. Cruzan luego callejones que separan las maltrechas viviendas de ladrillo y zinc.
Al frente va la subinspectora María Domínguez, una menuda oficial indígena lenca, aferrada a un fusil automático Galil Sar israelí.
“La pandilla Barrio 18” opera en esta colonia. “Es un lugar estratégico donde ellos se pueden movilizar y […] ocultarse de las autoridades”, dice la oficial a la AFP.
En Honduras dos pandillas, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, se han dividido el territorio. Imponen sus reglas y obtienen dinero con venta de drogas, sicariato, cobro de extorsiones y otros delitos.
Durante el patrullaje policial en Divanna, las viviendas están con las puertas cerradas, sus moradores guardan silencio al interior y se escuchan ladridos de perros. Varias casas parecen abandonadas.
En la cima del cerro sobresale una cancha de baloncesto, con grafitis de Barrio 18.
– Despliegue militar –
Para combatir a las pandillas, desde el 6 de diciembre rige en Honduras un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al que está en vigor desde hace un año en El Salvador.
El 31 de marzo, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, encabezó una reunión con jefes castrenses y los titulares del Congreso y la Corte Suprema, en la que decidieron instrumentar una “segunda etapa” de la cruzada antipandillas, con despliegue de militares en las calles.
Ahora, “Ejército, Fuerza Aérea y Naval colaborarán de manera efectiva, ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad” junto a la policía, dijo entonces el gobierno en un comunicado.
El despliegue militar en las calles no es nuevo en este país, uno de los más violentos del mundo a pesar de que cerró 2022 con la tasa de homicidios más baja en 16 años.
Las acciones del gobierno tuvieron una respuesta. A principios de mes, pandilleros presos se enfrentaron en cuatro cárceles, con saldo de un muerto y siete heridos.
Como respuesta, Castro ordenó una intervención que incluye un “desarme real” y combate a autoridades penitenciarias corruptas que dejan ingresar hasta fusiles, granadas, teléfonos y drogas a cambio de dinero.
Los pandilleros dirigen desde las prisiones operaciones del crimen organizado en el exterior, por lo cual el gobierno ordenó también la intervención de las comunicaciones en los penales.
Sin embargo, los enfrentamientos se han repetido casi a diario en diferentes penales, y suman una veintena de heridos en los incidentes.
Bukele ha encarcelado a más de 67.000 presuntos pandilleros, con redadas que abarcan municipios completos, donde policías y militares montan cerco por días o semanas. Sin embargo, sus métodos son criticados por la Iglesia Católica, la ONU y organismos de derechos humanos.
– Cuatro muertos en tiroteo –
En Honduras la campaña antipandillas no ha tenido ese alcance, apenas más de 500 arrestados. Pero este miércoles patrullas de la policía se enfrentaron a tiros con miembros de la Pandilla 18, con saldo de cuatro muertos y cuatro detenidos en dos operaciones diferentes en las zonas de Amarateca y Soroguara, ambas a unos 10 km al norte y noroeste de la capital, según un comunicado del Ministerio de Seguridad.
El criminólogo hondureño Gonzalo Sánchez sostiene que en el país “falta voluntad” para combatir al crimen.
“Al comparar el estado de excepción de El Salvador […] allá sí efectivamente ha habido voluntad política”, declara Sánchez a la AFP.
– “Decepción” –
Luego de recorrer los callejones de la colonia Divanna durante cuatro horas, los policías se retiran sin detenidos.
El cuartel policial de la barriada, situado al pie de la ladera, fue atacado el 30 de enero, en medio del estado de excepción, por presuntos pandilleros, que también dispararon a un autopatrulla, matando al agente José Luis Zambrano.
El estado de excepción fue inicialmente decretado por un mes, pero ha sido prorrogado sucesivamente ante los “buenos resultados”.
Originalmente la medida regiría en barrios de Tegucigalpa y de la ciudad norteña de San Pedro Sula, pero fue extendida a 123 de los 298 municipios del país.
En la colonia Alemán de Tegucigalpa, donde el gobierno lanzó la campaña antipandillas, la gente se burla del estado de excepción.
“Más bien no le dicen así, sino que le dicen ‘estado de decepción’, porque [las autoridades] no están haciendo nada” y las extorsiones de las pandillas a la población “están a la orden del día”, dice a la AFP David Velásquez, de 65 años, quien vive en esta colonia.
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