Un juez federal en Boston bloqueó el jueves una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pondría fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal, convirtiéndose en el cuarto juez en hacerlo.
El juez federal de distrito Leo Sorokin emitió su decisión tres días después de que el juez federal de distrito Joseph Laplante en Nueva Hampshire bloqueara la orden ejecutiva, y sigue a decisiones similares en Seattle y Maryland.
En un fallo de 31 páginas, Sorokin señaló que la “Constitución confiere el derecho a la ciudadanía por nacimiento de manera amplia, incluyendo a las personas dentro de las categorías descritas” en la orden ejecutiva del presidente.
El caso de Boston fue presentado por los fiscales generales demócratas de 18 estados, y es uno de al menos nueve juicios que impugnan la orden de ciudadanía por nacimiento.
“El presidente Trump puede creer que está por encima de la ley, pero el mandato judicial de hoy envía un mensaje claro: él no es un rey, y no puede reescribir la Constitución con la firma de un bolígrafo”, señalaron los fiscales generales estatales en un comunicado.
En el caso presentado por cuatro estados en Seattle, el juez federal de distrito John C. Coughenour dijo que el gobierno de Trump estaba intentando ignorar la Constitución, y que el presidente intentaba cambiarla mediante una orden ejecutiva.
Un juez federal en Maryland emitió una pausa a nivel nacional sobre la orden en un caso separado, pero similar, que involucra a grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados. El gobierno de Trump indicó el martes que apelaría esa decisión ante la Corte de Apelaciones del 4to Circuito.
En el caso de Boston, los fiscales generales de 18 estados, junto con las ciudades de San Francisco y Washington, D.C., le pidieron a Sorokin que emitiera un mandato judicial preliminar. Eso significa que dicha orden de restricción probablemente permanecerá en vigor mientras se llega a una decisión sobre la demanda.
Argumentan que el principio de la ciudadanía por nacimiento está “consagrado en la Constitución”, y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, que dijeron es un “intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía en función de su ascendencia”.
