Norman Quijano, ex presidente de la Asamblea Legislativa y ex alcalde de San Salvador, podría ser deportado próximamente a El Salvador, según reveló el medio USA TODAY. La posible repatriación formaría parte de una petición del gobierno del presidente Nayib Bukele a su homologo Donald Trump, debido a la información que Quijano posee sobre los pactos con las principales pandillas en el país.
Quijano huyó de El Salvador en 2021, pocas horas antes de que expirara su fuero parlamentario, y solicitó asilo político en Estados Unidos. En abril de 2024, fue condenado en ausencia a 13 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal, relacionados con negociaciones con las pandillas MS-13 y Barrio 18 durante su fallida campaña presidencial de 2014 con el partido ARENA. Tras su condena, se giró una orden de captura en su contra.
Fue arrestado por agentes de ICE el pasado 6 de marzo. La Prensa Gráfica confirmó que Quijano aparece en el registro en línea del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Según ese registro, se encuentra detenido en el centro Port Isabel, en Los Fresnos, Texas.
El medio USA TODAY también reportó que una persona cercana a Quijano afirmó que el político pagó a pandillas en 2014 buscando apoyo electoral, pero fue superado por Salvador Sánchez Cerén candidato del FMLN, que ofreció más del doble. Cabe destacar que también Sánchez está exiliado desde diciembre del 2020 en Nicaragua, Quijano perdió esas elecciones presidenciales por un estrecho margen, obteniendo el 49.89 % de los votos.
El caso de Quijano fue llevado por el juez salvadoreño Godofredo Miranda, quien en 2020 ya había establecido en otro proceso que las negociaciones del FMLN con pandillas influyeron directamente en los resultados de las elecciones presidenciales.
Con 78 años, Quijano se convierte en uno de los ex funcionarios de más alto perfil en ser condenado por vínculos con pandillas, en un contexto en el que analistas han señalado que la justicia salvadoreña ha perseguido principalmente a miembros de la oposición, mientras ha dejado fuera de escrutinio a allegados del oficialismo.
