Los Ángeles vivió una jornada tensa este viernes tras una serie de operativos migratorios realizados por agentes federales que resultaron en al menos 45 detenciones, según defensores de derechos de los inmigrantes. Las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) provocaron manifestaciones, enfrentamientos con las autoridades y una ola de indignación entre líderes comunitarios y funcionarios locales.
Redadas en múltiples puntos de la ciudad
Según Yasmeen Pitts O’Keefe, portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), los agentes federales ejecutaron órdenes de registro en al menos tres ubicaciones. Sin embargo, organizaciones como CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes) afirmaron que las detenciones ocurrieron en al menos siete lugares, incluidos dos tiendas Home Depot, un almacén en el distrito de la moda, un complejo de departamentos, una tienda de donas y edificios gubernamentales.
En uno de los casos más destacados, los agentes irrumpieron en una tienda de ropa del distrito de la moda donde, según la Fiscalía Federal, había causa probable para investigar el uso de documentos falsos por parte del empleador. Los detenidos fueron escoltados con las manos atadas hacia camionetas blancas mientras los agentes, vestidos con chalecos marcados con las siglas FBI, ICE y HSI, colocaban cinta policial amarilla para limitar el acceso al área.
Enfrentamientos con manifestantes
Las operaciones desencadenaron protestas en varios puntos de la ciudad, incluyendo frente a un centro de detención federal, donde manifestantes coreaban: “¡Déjenlos libres, déjenlos quedarse!” y sostenían carteles con consignas como “¡ICE fuera de LA!”. Algunos activistas usaron megáfonos para advertir a los trabajadores sobre sus derechos constitucionales, pidiéndoles que no firmaran documentos ni respondieran preguntas sin un abogado presente.
En uno de los enfrentamientos más tensos, agentes federales lanzaron bombas de humo y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud. Imágenes aéreas mostraron a una persona que intentó bloquear una SUV oficial; cayó al suelo cuando el vehículo lo esquivó y se alejó rápidamente mientras otras personas arrojaban objetos a los agentes.
Denuncias de deportaciones inmediatas
Yliana Johansen-Mendez, directora del Immigrant Defenders Law Center, denunció que un hombre detenido esa misma mañana en un Home Depot fue deportado a México en pocas horas, antes de que su abogado pudiera hablar con él. “Nunca pensamos que esto nos pasaría”, dijo Katia García, hija del deportado, quien dejó la escuela para buscar a su padre. Ella es ciudadana estadounidense; él llevaba 20 años viviendo en el país sin documentos.
Reacciones oficiales y condena generalizada
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó enérgicamente los operativos. “Estas tácticas siembran el terror en nuestras comunidades y perturban los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad. No lo toleraremos”, expresó en un comunicado. En declaraciones posteriores, agregó: “Vamos a luchar por todos los angelinos, independientemente de cuándo llegaron aquí, de si tienen papeles o no”.
El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, aclaró que el LAPD no participó en las redadas ni colabora en la aplicación civil de las leyes migratorias. “No ayudaremos ni participaremos en ningún tipo de deportación masiva”, dijo, recordando que desde 1979 está prohibido que la policía local actúe para verificar el estatus migratorio de una persona.
El senador Alex Padilla (D-CA) también se pronunció en contra, calificando las redadas de “una inquietante pauta de operaciones extremas y crueles”. En redes sociales afirmó que la administración Trump busca “infundir daño y miedo en nuestras comunidades” y advirtió que su oficina exigirá responsabilidades por las acciones del ICE.
ICE defiende su accionar
Por su parte, Todd Lyons, jefe de ICE, defendió los operativos alegando que se trata de la aplicación de las normas migratorias federales y que la agencia realiza en promedio 1.600 arrestos diarios, dirigidos —según él— a “criminales peligrosos”. Lyons justificó el uso de equipos tácticos como una medida de protección para los agentes y sus familias.
Una ciudad de inmigrantes en pie de lucha
Mientras continúan las reacciones y análisis en torno a las redadas, activistas y organizaciones como CHIRLA reiteraron su compromiso con las comunidades afectadas. “Nuestra comunidad está bajo ataque y siendo aterrorizada. Esto debe parar”, dijo Angelica Salas, directora ejecutiva de la organización, en una conferencia de prensa rodeada de manifestantes.
Los hechos del viernes reflejan una creciente tensión entre las políticas migratorias federales y las autoridades locales en ciudades como Los Ángeles, históricamente consideradas refugios para inmigrantes. Para muchos, lo ocurrido no solo representa una amenaza inmediata para quienes fueron detenidos, sino un mensaje de intimidación a miles de familias que viven en la sombra del sistema migratorio estadounidense.
