El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 76,000 hondureños y nicaragüenses que han residido legalmente en el país desde 1999, a raíz de la devastación causada por el huracán Mitch. La medida entrará en vigor el 6 de septiembre, otorgando a los beneficiarios 60 días para buscar alternativas o enfrentar la posibilidad de deportación.
La decisión fue firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de un esfuerzo más amplio de la administración del presidente Donald Trump para eliminar protecciones migratorias a cientos de miles de extranjeros. Según el DHS, las condiciones en ambos países han mejorado lo suficiente como para justificar el fin del TPS, citando avances en turismo, inversión inmobiliaria y energías renovables.
“El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal”, afirmó Noem. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el programa “no está destinado a ser un camino permanente hacia la residencia o ciudadanía”.
Una medida sorpresiva y ampliamente criticada
La comunidad migrante reaccionó con consternación. “Es sumamente lamentable”, dijo Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre. “Nos tomó por sorpresa. Teníamos expectativas de una renovación, especialmente tras la firma de un convenio migratorio entre EE. UU. y Honduras en junio, donde Honduras aceptó recibir solicitantes de asilo como ‘tercer país seguro’”.
Organizaciones como Alianza Americas y la New York Immigration Coalition denunciaron la medida como “cruel, ilegal y desestabilizadora”, advirtiendo que pone en riesgo a miles de familias con estatus migratorio mixto que han vivido en EE. UU. durante décadas. Letitia James, fiscal general de Nueva York, donde reside una importante comunidad centroamericana, afirmó que continuará luchando contra este “ataque” a los inmigrantes.
Según el DHS, se estima que 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses están protegidos actualmente por el TPS, aunque organizaciones como la National TPS Alliance advierten que el número real de afectados podría ser menor, ya que muchos han obtenido otros estatus migratorios legales a lo largo de los años.
Justificaciones del gobierno y críticas desde Centroamérica
El DHS argumenta que las condiciones que justificaron la protección temporal ya no existen. En el caso de Nicaragua, sostiene que el país ha progresado en sectores como el ecoturismo y la energía renovable. Para Honduras, destaca el programa gubernamental “Hermano, hermana, vuelve a casa”, que ofrece bonos y asistencia básica a los deportados.
Sin embargo, funcionarios y expertos contradicen esta visión. El canciller hondureño, Javier Bu, y el vicecanciller Antonio García lamentaron públicamente la cancelación y señalaron que la realidad en sus países continúa siendo crítica. Informes del propio Departamento de Estado estadounidense advierten sobre la violencia, la corrupción y la represión política en ambas naciones.
Naciones Unidas ha acusado al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de reprimir a la oposición y a la sociedad civil. En Honduras, el gobierno declaró estado de emergencia en 2022, permitiendo a la policía suspender derechos constitucionales en amplias zonas del país.
“La situación política, la falta de empleo, la violencia y la corrupción impiden un retorno seguro”, insistió Juan Flores. También criticó que el programa hondureño para deportados envía un “mensaje erróneo” a la comunidad internacional al sugerir que el país es seguro.
Voces desde la comunidad migrante
Miles de beneficiarios del TPS han construido una vida en Estados Unidos. Francis García, de 48 años, ha vivido en el país por casi tres décadas y tiene tres hijos nacidos en suelo estadounidense. “Estoy triste, preocupada y asustada. No me imagino regresando a Honduras”, expresó.
Teófilo Martínez, empresario y agente de bienes raíces, comparte el mismo temor. “Hemos trabajado duro, contribuido a esta sociedad, cumplido todas las reglas. No hay condiciones para regresar”, afirmó.
Un patrón más amplio de eliminación del TPS
Desde que asumió su segundo mandato, la administración Trump ha cancelado el TPS para migrantes de Haití, Venezuela, Afganistán, Camerún, Ucrania y otros países, afectando a más de 600,000 personas. Aunque algunos casos están siendo litigados en cortes federales, la tendencia ha sido clara: revocar el estatus bajo el argumento de que las situaciones que lo originaron ya no existen.
La Alianza Nacional del TPS presentó una demanda en el Distrito Norte de California contra Noem y el DHS, alegando que la cancelación viola la ley. José Palma, su coordinador, señaló: “Estas personas han vivido aquí más de 25 años, tienen familias, casas, negocios. Es cruel y devastador lo que está ocurriendo”.