San Salvador, 21 oct (EFE).- Una corte antimafia de El Salvador ordenó la instalación de la audiencia preliminar en contra del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), sin su presencia, tras una reforma penal que permite juzgar a imputados ausentes, por la tregua que supuestamente impulsó su Gobierno con las pandillas entre 2012 y 2014.
Así lo informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR) en sus redes sociales, donde señaló que la orden fue dada por el Juzgado Especializado de Instrucción A-1 de San Salvador.
Apuntó que la audiencia preliminar será instalada la mañana del próximo 30 de noviembre y que “no será necesaria la comparecencia del imputado, gracias a las reformas de ley aprobadas”.
El 21 de septiembre pasado, la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, aprobó reformas al Código Procesal Penal y habilitó a los tribunales para que puedan concluir un proceso en ausencia de los imputados.
Una de las reformas señala que, “la audiencia preliminar se realizará a pesar de la incomparecencia del imputado sin justa causa”. Antes de la reforma, no se podía avanzar más allá de la etapa de instrucción sin la presencia de los acusados.
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno, que, según la Fiscalía, estipulaba favores para estas bandas.
Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad.
El expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.
No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua, el general David Munguía Payés, ministro de Seguridad en la época de la tregua, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de gobierno de “pacificación”.
Tras el fracaso de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en El Salvador en 2014, se dispararon a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y bajaron a 81 en 2016.
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