El Gobierno de El Salvador sumó este lunes a 1.450 militares a las labores de seguridad, con lo que superan los 17.000 elementos de la Fuerza Armada, en momentos en los que el país se encuentra bajo régimen de excepción.
“Este día estamos graduando a 1.450 nuevos soldados que serán vitales para la guerra contra las pandillas”, dijo el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en un evento transmitido por redes sociales.
De acuerdo con datos de la Presidencia, hasta inicios de febrero pasado eran más de 16.000 militares “apoyando directamente el Plan Control Territorial”.
Bukele señaló que todos los nuevos soldados “trabajarán directamente en el Plan Control Territorial y en la guerra contra las pandillas”.
“Vamos a continuar incrementando la Fuerza Armada” y “vienen nuevas graduaciones”, indicó Bukele y recordó que su plan es llevar el número de elementos del Ejército a más 40.000.
El Salvador cumplió el domingo una semana bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.
El Congreso suspendió, a petición del presidente Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El Gobierno ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una “guerra contra las pandillas”, como lo hicieron sus antecesores.
Las fuerzas de seguridad han capturado a 5.747 supuestos pandilleros, mientras familiares de los detenidos buscan información y han denunciado agresiones.
El mandatario dijo durante la graduación de los militares que la pandillas son el “brazo armado” de las organizaciones humanitarias, comunidad internacional y partidos opositores.
El domingo también lanzó esta acusación y publicó que también son “socios de los pandilleros” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los periodistas.
“No hay duda que arreciarán sus ataques a medida sientan que pierden su brazo armado”, dijo Bukele.
El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, informó este lunes que su oficina ha recibido 67 denuncias de “afectaciones a derechos” bajo el régimen de excepción que vive el país, la mayoría por detenciones arbitrarias.