El Salvador superó las 17.000 capturas de supuestos pandilleros bajo un régimen de excepción que se acerca al fin de su primer término, pero que continuará hasta finales de mayo tras la aprobación de su extensión en el Congreso, lo que Amnistía Internacional ha llamado una “tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”.
El Legislativo otorgó poderes especiales al Gobierno del presidente Nayib Bukele a finales de marzo para lanzar su “guerra contra las pandillas” y el domingo le garantizó la continuidad, pero dicha ampliación entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial.
La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo pasado el estado de excepción por 30 días luego de una oleada de asesinatos que en tres días se cobró la vida de 87 personas, asesinatos que solo el día 26 de marzo llegaron a 62.
Esta es la cifra más alta en la historia reciente del país centroamericano registrada en un solo día.
El vencimiento de los primeros 30 días de la suspensión de garantías constitucionales se cumpliría el miércoles 27 de abril, pero el sábado por la noche el presidente Bukele convocó al Consejo de Ministro para que solicitara al Congreso la ampliación del estado de excepción.
La Constitución salvadoreña señala que se deben mantener las mismas condiciones que propiciaron la aprobación del régimen de excepción para que este se pueda ampliar.
El Gobierno de Bukele señaló en la solicitud de ampliación que, pese a haber controlado la ola de asesinatos, era necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales por la cantidad de pandilleros en libertad.
El Ejecutivo, que cifra en más de 70.000 la cantidad de pandilleros en territorio salvadoreño, argumentó que la “ola criminal” se mantiene “a pesar de las capturas y la disminución de homicidios”.
La nueva propuesta llegó la tarde del domingo y la misma fue aprobada la noche de ese día por el oficialismo con el apoyo de partidos aliados y sin análisis ni discusión parlamentaria.
Con esta ampliación, quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la asociación y reunión, a la defensa en caso de detención y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.
También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
LA “TORMENTA PERFECTA”
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló en un comunicado de la organización que “en los últimos 30 días, el Gobierno de Bukele ha pisoteado todos los derechos del pueblo salvadoreño”.
“Desde reformas legales que incumplen las normas internacionales, hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a los detenidos, las autoridades salvadoreñas han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos, que ahora se espera que continúe con la prórroga del decreto de emergencia”, indicó Guevara-Rosas.
Recordó que bajo el régimen de excepción se aprobaron reformas penales con las que “los niños de entre 12 y 16 años están sometidos a penas de prisión de hasta 10 años”
Agregó que en este contexto “las personas de las comunidades pobres y marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a la defensa legal, los presos pueden ser retenidos sin suficiente comida o aire fresco, y los periodistas pueden ser encarcelados simplemente por informar sobre actividades relacionadas con las pandillas”.
“El gobierno debe poner fin a su postura hostil contra la sociedad civil y la comunidad internacional y hacer un balance de los terribles efectos que sus políticas están teniendo sobre los derechos humanos”, subrayó.
MÁS DE 17.000 PERSONAS DETENIDAS
De acuerdo con el presidente Bukele, hasta el domingo han sido capturados más de 17.000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades de Seguridad no han especificado cuántos de los capturados, en su mayoría jóvenes y hombres adultos, pertenecen a pandillas y cuántas son personas afines.
En redes sociales, principalmente en Twitter, continúan las denuncias de capturas de salvadoreños que, de acuerdo con las publicaciones, no tiene algún vinculo con dichas estructuras, señaladas de ser las responsables de la escalada de homicidios a finales de marzo.
Mientras, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias han recibido unas 200 denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, principalmente por detenciones arbitrarias.
FORTALECIENDO LA ESTIGMATIZACIÓN
Ramón Rivera, director nacional del partido opositor Vamos, señaló este lunes durante una conferencia de prensa que la implementación del régimen de excepción “ha fortalecido la estigmatización” de las personas que viven “en las zonas más vulnerables”.
Con el estado de excepción se ha intensificado la presencia de militares y policías en las colonias y barrios controlados por las pandillas y en algunos lugares se ha restringido la libertad de movilidad de sus habitantes, sin que esto esté contemplado en los decretos aprobados por el Congreso.
Rivera subrayó la necesidad de que se respeten los derechos humanos de los salvadoreños y que se evite cometer detenciones de personas inocentes.
“Es necesario es cuestionar dónde están los resultados del plan control territorial, quién resarcirá el daño de todos los inocentes capturados o asesinados durante dicho periodo (de excepción) y dónde está la atención para las víctimas”, añadió.
Hasta antes de la ola de asesinatos de finales de marzo, el Gobierno de Bukele decía que mantenía el control del territorio y le atribuía la caída de los asesinatos, que venían bajando desde 2016, al plan gubernamental Control Territorial, implementado desde 2019.
El régimen de excepción continúa en el país centroamericano sin que las autoridades atiendan a los llamados internacionales de supuestos abusos.