La última escalada en la tensión se dio después de que el Tribunal Supremo Electoral suspendiera la semana pasada al Movimiento Semilla, el partido del presidente electo.
El ambiente político en Guatemala sigue en un estado de tensión permanente meses después de la inesperada victoria electoral del socialdemócrata Bernardo Arévalo en agosto.
El motivo es el descontento popular por el embate judicial de la Fiscalía y los jueces contra el Movimiento Semilla y el propio mandatario electo, que se prepara para asumir el cargo el próximo 14 de enero, en medio de una tormenta política.
El último giro de esta trama se dio el pasado jueves, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la suspensión del partido de Arévalo, a pedido del juez penal Freddy Orellana, que investiga supuestas “anomalías en el proceso de creación” de esa agrupación política hace cinco años.
La medida, que se tornó posible después de que se diese por terminado el proceso electoral el pasado 31 de octubre, le arrebató al partido la posibilidad de realizar trámites administrativos dentro del Registro de Ciudadanos del TSE, que se encarga entre otras cosas de la inscripción de las organizaciones políticas y su fiscalización.
Aunque el ente electoral explicó que la medida “no puede revertir los resultados” de las elecciones ni anular el acta de los 23 legisladores conseguidos por el Movimiento Semilla, distintas asociaciones sociales y organizaciones indígenas anunciaron que se mantendrán en las calles de manera pacífica “en defensa de la democracia”.
“Persecución judicial”
El proceso de suspensión de la personalidad jurídica de Semilla se remonta a julio pasado, cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó ese proceso para iniciar una investigación sobre supuestas irregularidades en la conformación del partido, que tendrían que ver con presuntas anomalías en las firmas de sus adherentes.
La iniciativa, de la que es parte la fiscal general, Consuelo Porras, ha causado polémica en Guatemala, porque los seguidores de Arévalo y militantes de Semilla alegan que la alta funcionaria promueve una “persecución judicial” desde el Ministerio Público y con apoyo de juez Orellana, así como un intento de generar un golpe de Estado para evitar que el presidente electo tome posesión.
A inicios de octubre pasado y en medio de fuertes protestas que exigían la renuncia o destitución de la fiscal general, Porras, cuyas acciones son respaldadas por el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Orellana, se defendió y dijo que ella estaba “obligada a investigar todos los hechos denunciados” y a “garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos”.
“La democracia se defiende en las urnas”
“La democracia se defiende en las urnas, y ante autoritarios que no ven ni escuchan, también en las plazas. Gracias a las autoridades ancestrales, que han demostrado liderazgo y organización ante las injusticias de quienes se resisten a dejar el poder”, escribió Arévalo el sábado en las redes sociales, tras participar en un acto de protesta.
El embate de la Fiscalía, que ha incluido el allanamiento de la sede del partido y de la Corte electoral, así como el secuestro de actas con resultados, motivó el llamado a paro indefinido que promovieron, fundamentalmente, sectores indígenas, civiles y estudiantes, y que incluyó cortes de carreteras y bloqueos de sedes administrativas de la Fiscalía en todo el país.
Un Estado rendido “al crimen organizado”
Leiria Vay, miembro del Comité de Desarrollo Campesino, le dijo a RT que la renuncia de Porras no sería suficiente, pero que contribuiría a calmar el ambiente de protesta.
“Una simple renuncia no es suficiente, y no es suficiente porque en Guatemala hay un estado que no responde a los intereses de los pueblos, sino a los intereses del crimen organizado y de las mafias. Están en todos lados, una simple renuncia de una fiscal no es suficiente, pero sí vendría en este momento a quitar todas estas movilizaciones en las calles”, explicó
“No se ha cumplido nada de los objetivos de las movilizaciones, necesitamos cambios estructurales en Guatemala, necesitamos un proceso constituyente, popular y plurinacional”, agregó.