La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviará una misión a El Salvador para evaluar el Plan Control Territorial y el régimen de excepción que rige en el país centroamericano, con los cuales el Gobierno lleva adelante una guerra contra las pandillas.
La misión, que aún no se oficializa, podría estar integrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), informó la Presidencia salvadoreña.
El envío de esta misión fue una propuesta que presentó el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en un encuentro que sostuvieron en la sede de la ONU, en Nueva York, EE.UU.
La propuesta fue aceptada por Guterres, quien dio instrucciones para la conformación de la misión y que esta vaya a El Salvador “en los próximos meses”, para “estudiar y sistematizar el Plan Control Territorial”, detalla la Presidencia en su nota de prensa.
Durante el encuentro, Ulloa mencionó que la operación contra las pandillas ha tenido “resultados positivos” y es un plan “exitoso sin precedentes en ningún país”.
Del mismo modo, recalcó que la implementación de esta operación cuenta con “el respaldo del pueblo salvadoreño” y es llevada a cabo de manera conjunta por la Policía Nacional Civil (PNC), las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como la Fiscalía y el Órgano Judicial.
Desde el pasado 27 de marzo rige un régimen de excepción en El Salvador, que tiene a policías y militares a la caza de presuntos pandilleros. De acuerdo con datos de la Presidencia, hasta el jueves habían sido capturados 45.660 de estos presuntos delincuentes.
Preocupación de la ONU
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha manifestado en diferentes oportunidades su preocupación por la política gubernamental de El Salvador contra las pandillas.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo en abril pasado la portavoz de la oficina de Bachelet, Liz Throssell.
Entonces, señaló que desde la declaración del estado de emergencia se habría producido un uso “innecesario y excesivo” de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares.
En junio, durante la inauguración de la quincuagésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet aseveró que el régimen de excepción “aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias y tortura de los detenidos”.
Asimismo, dijo que esas las políticas de seguridad en el país centroamericano “han aumentado la preocupación en torno al respeto a las garantías de debido proceso”.