Un juez federal de San Diego ordenó al Gobierno de Estados Unidos pagar más de 3,4 millones de dólares a un joven latino que fue atropellado en 2014 por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que trabajaba en el área de San Diego, California.
La orden se dio después de que Thomas Malandris fuera encontrado en gran parte responsable de atropellar y causar lesiones duraderas a Ali Alejandro Mendoza, reportó el periódico San Diego Union Tribune.
El incidente ocurrió la noche del 12 de julio de 2014 en National City, una ciudad del condado de San Diego, cuando Malandris, que en ese momento era oficial de deportación del ICE, asistía a la policía local como parte de un grupo de trabajo.
Mendoza, entonces de 18 años, intentó pasar por un cruce de peatones cuando el auto del agente estaba a casi una cuadra de distancia.
Pero Malandris aceleró, alcanzando una velocidad de entre 40 y 50 millas por hora (64 y 80 kilómetros por hora) cuando se acercaba a la intersección, en una zona residencial con un límite de 25 millas por hora (40 kilómetros por hora).
El agente no encendió las luces de emergencia ni la sirena de su automóvil, que no tenía distintivos.
Según la evidencia presentada en el juicio, Malandris frenó pero alcanzó a golpear al joven. La cabeza de Mendoza impactó contra el parabrisas del vehículo antes de que el latino fuera lanzado a la calle.
El agente se detuvo y llevó a Mendoza a la acera y reposicionó su automóvil desde el punto de impacto al otro lado de la calle.
Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ), que representaron a Malandris, argumentaron que el agente simplemente estaba tratando de llevar a la víctima a un lugar seguro “para brindar ayuda y prevenir más daños”.
Pero el juez John Houston consideró que las acciones de Malandris impidieron que los investigadores recopilaran pruebas clave para comprender y reconstruir mejor el incidente.
Malandris también tergiversó la descripción del accidente en informes al ICE y a la policía, asegurando que el joven fue culpable del accidente y que había sufrido solo lesiones menores, de acuerdo con el rotativo.
Los documentos judiciales muestran que Malandris le dijo a sus supervisores que el adolescente era un consumidor de drogas.
Las acciones del oficial fueron incongruentes con su entrenamiento de aplicación de la ley y tuvieron “el efecto de destruir evidencia y obstruir una investigación adecuada de lesiones vehiculares en el lugar”, dijo el juez.
También asignó el 15 % de la culpa del accidente a la víctima, que “debería haber verificado continuamente el vehículo que se acercaba”.
Mendoza sufrió una lesión cerebral que ha provocado varios problemas, incluidos dolores de cabeza crónicos y cambios cognitivos que no le han permitido continuar sus estudios o desarrollar trabajos, así como una lesión en la parte inferior de una pierna, entre otros.
Los más de 3,4 millones en daños deberán ser pagados por el Gobierno federal, que en ese momento era el empleador de Malandris.
Malandris fue suspendido durante cinco días después del incidente, pero luego fue ascendido en el ICE. Luego se retiró de la agencia.