Francisco Javier Argueta Gomez, actual Asesor Jurídico Presidencial, socavó procesos o instituciones democráticas al planear la destitución de cinco Magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General en un proceso inusual en aparente contravención de los procesos establecidos en el Artículo 186 de la Constitución, que requiere la selección de dichos Magistrados de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Christian Reynaldo Guevara Guadron, El Diputado a la Asamblea Legislativa y Jefe de Facción del Partido Nuevas Ideas, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al presentar una Ley de Prohibición de Pandillas que sancionará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación, considerados por muchos observadores como un claro intento de censurar a los medios.
Jose Ernesto Sanabria, actual Secretario de Prensa Presidencial, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su cargo y ejercer la influencia de Bukele para presionar de manera inapropiada a los funcionarios de los partidos políticos de oposición para que renuncien bajo la amenaza de ser acusados de delitos penales.
José Alejandro Zelaya Villalobo, Ministro de Hacienda, socavó procesos o instituciones democráticas al supuestamente retener de los municipios $497 millones en fondos públicos para servicios esenciales con el fin de generar enojo público y desconfianza hacia los titulares y obtener apoyo para sus aliados políticos, quienes fueron contendientes en las elecciones legislativas y municipales de 2021.
Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, esposa del exministro de Seguridad Pública René Mario Figueroa Figueroa, facilitó la transferencia de ganancias de la corrupción cuando ayudó a su esposo a lavar más de $3 millones en fondos públicos, mientras su esposo era Ministro de Seguridad Pública durante la administración de Saca.
Rene Mario Figueroa Figueroa, ex Ministro de Seguridad Pública bajo la Administración Saca, durante su tiempo como Ministro incurrió en una corrupción significativa cuando convirtió $ 3 millones en fondos públicos para su uso personal y el de su esposa y, con su esposa, blanqueó esos fondos.
Jose Wilfredo Salgado Garcia, Alcalde de San Miguel, socavó procesos o instituciones democráticas cuando usó su cargo oficial para participar en el tráfico de drogas y lavado de dinero mientras era alcalde de San Miguel, la segunda ciudad más grande de El Salvador.
